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Seguridad versus cesantía, otro dilema para el sector minero Fecha : 1/09/10 Lecturas : 203 Uno de los pocos hechos positivos tras el derrumbe ocurrido en la mina San José fue el envío de un proyecto de ley que busca reformular el Sernageomin y sus labores de fiscalización. ¿Qué tienen de parecido Taltal, Chañaral, Tocopilla o Tierra Amarilla? Aparte de ser comunas con altos índices de cesantía, el común denominador es que buena parte de su población vive gracias a la micro, pequeña y mediana minería, tal como muchos lugares entre las regiones de Antofagasta y Coquimbo conformando la denominada familia minera. Este grupo de gente, que se conmocionó con la tragedia ocurrida en la mina San José, está preocupada y no sólo por la suerte de sus 33 compañeros atrapados en las cercanías de Copiapó, sino que por su propia seguridad al interior de los piques. A este hecho agregan la mayor fiscalización anunciada por el Servicio Nacional de Minería y Geología (Sernageomin) en el marco de la superintendencia sectorial que pretende crear el ministerio encabezado por Laurence Golborne, a través de un proyecto de ley. Si bien los dirigentes de la pequeña minería valoran la iniciativa legal, asumen que hay temor debido al número de pirquineros que pueden quedar sin trabajo, a causa de los cierres de faenas que no cumplen con las normas de seguridad. De hecho, cifras no oficiales proporcionadas por los propios dirigentes hablan que sólo en la Región de Antofagasta ya se han clausurado 18 yacimientos y que de 300 faenas de menor escala, no más de 25 están en norma. La semana pasada en Santiago, por motivo de la elección de la nueva directiva de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), dirigentes regionales explicaron a La Nación que unas 10.000 personas pueden quedar cesantes a causa de la mayor fiscalización, lo que representa un 50% del empleo que entrega la pequeña minería. El presidente de la asociación de pirquineros de Tierra Amarilla, Luciano Silva, indicó que de las 1.400 firmas empadronadas en la Empresa Nacional de Minería (Enami), podrían quedar en funcionamiento 150, razón por la cual “podrían quedar cesantes 10.000 viejos”, dice. Jorge Pavletic, dirigente de Taltal, una de las zonas más afectadas, corrobora esa información: “Este trabajo es vital. Hasta al momento existen unas 600 personas desempleadas debido a los cierres y la pequeña minería representa el 75% de la actividad económica de nuestra comuna”. Consultado el ministro de Minería, Laurence Golborne, sostuvo que “se debe avanzar en el cumplimiento de la normativa minera y eso es una materia que está abordando la Enami para ver cómo se va a ayudar a la pequeña y mediana minería a mejorar su nivel de seguridad, de manera tal de no tener cierres”. Respecto al posible aumento en la desocupación, el secretario de Estado detalló que “si se cerraran todas las minas, podría haber un efecto social importante, pero no es la intención que eso ocurra, sino que se mejore la seguridad minera y no clausurar faenas”.En esta línea, el reelecto presidente de la Sonami, Alberto Salas, añadió escueto que “no creo que lleguemos a 10.000 cesantes”. Opciones: Conscientes de la nueva institucionalidad minera que se viene, las asociaciones plantean “que en vez de pagar US$4,5 por tonelada a Enami por el sobrestock acumulado en los lugares de acopio, ese dinero sirva para invertirlo en seguridad. Zulema Soto, presidenta de la Asociación Minera de Diego de Almagro es clara: “Lo que pediríamos es no pagar el sobrestock de Enami hasta fines de año”. Pavletic agrega que “si la gran minería absorbe todo el stock que tiene Enami y lo procesan, esos recursos pueden ayudar a crear un fondo de previsión de riesgos”. Fuente: http://www.lanacion.cl Enviar noticia a un amigo « Volver